Euskadi Seguridad Privada

La nueva ley de contratos del sector público es un instrumento idóneo para la mejora de la contratación de servicios de seguridad privada en Euskadi

  • La Jornada organizada por APROSER y celebrada en Bilbao, ha destacado el importante papel que juega la priorización de criterios de responsabilidad social en los procesos de contratación pública, como elemento legitimador de la función social de la Administración pública.
  • Mediante una mesa de debate, se han analizado los modelos de excelencia en procesos de contratación pública en Euskadi a la luz de las novedades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Madrid, 07 de febrero de 2018.-  El Palacio Euskalduna ha acogido la Jornada “Excelencia en la contratación pública en Euskadi” organizada por APROSER, la patronal de compañías privadas de servicios de seguridad.

El acto ha servido para exponer desde el Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, organismo constituido por FeSMC-UGT, Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, FTSP-USO y la propia patronal, APROSER, las principales novedades que la nueva Ley de Contratos del Sector Público introduce en cuanto a la necesidad del respeto del Convenio Colectivo en los procesos de contratación de servicios de seguridad y la apuesta de la calidad sobre el precio en los criterios de adjudicación. Puede acceder aquí a los aspectos más relevantes de esta nueva normativa (enlace aquí)

Asimismo, se ha puesto de manifiesto el importante papel que juega la responsabilidad social corporativa (RSC) en los procesos de contratación pública, como garante del cumplimiento de los criterios de calidad exigibles en todos los sectores y, especialmente, en el sector de la seguridad privada por su vínculo directo con la seguridad ciudadana y la sociedad. Durante la jornada, se han analizado en profundidad muchos elementos determinantes para la integración de la RSC en los procesos de contratación pública, teniendo como marco el informe elaborado por Forética, con la colaboración de APROSER, “La responsabilidad social corporativa en la contratación pública de servicios de seguridad privada” (descargable aquí).

Entre las principales conclusiones del informe se evidencia cómo la primacía de los criterios de responsabilidad social corporativa en los procesos de contratación pública de servicios de seguridad privada, constituye una herramienta que mejora la competitividad y refuerza el papel de la Administración Pública como organismo al servicio del ciudadano. Además, estas empresas, dentro de un sector muy intensivo en mano de obra, son capaces de generar un mayor dividendo social, contribuyendo a través de las cotizaciones sociales a la sostenibilidad del estado de bienestar y devolviendo, por esta vía indirecta, una parte del importe recibido a través de los contratos públicos.

Principales conclusiones de la jornada

Según ha destacado el presidente de APROSER, Ángel Córdoba, en la apertura del evento, la Administración  es la principal y mayor contratante de este tipo de servicios, por lo que debe de dar ejemplo y servir de guía en sus políticas de responsabilidad social.

Recalcó que ya no basta solo con la voluntad política de los responsables de la licitación pública, cada vez más extendida en los nuevos procesos, y que hay que seguir apoyando con reformas legales esa excelente predisposición.  Para ello recomendó una revisión del clausulado de la reforma laboral en lo referente a sectores intensivos en mano de obra –como la reconsideración de la no primacía de la negociación colectiva sectorial, en la línea de lo abordado en la nueva ley de contratos del sector público-.

Posteriormente, como principales novedades en la ley de contratos del Sector Público, derivadas de iniciativas del Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, se ha destacado por el secretario general de Aproser, Eduardo Cobas, la necesidad de que, tal como recoge la nueva Ley, los pliegos de contratación garanticen presupuestariamente el respeto de los Convenios Colectivos, junto con los gastos generales y el beneficio industrial. Se ha incidido en la importancia de recoger en los pliegos de condiciones que el no respeto de los Convenios Colectivos o el retraso reiterado de los pagos de los salarios conduzcan a la resolución de los contratos. Igualmente, se ha puesto de relieve el cambio en el régimen de responsabilidad por deudas salariales y de seguridad social que recoge este nuevo texto legal que entrará en vigor en marzo de 2018.

Por su parte, en cuanto a las conclusiones de la mesa de debate sobre buenas prácticas en la contratación pública en Euskadi, Francisco Pérez, Jefe de Servicios Generales de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha centrado su intervención en la experiencia de su organismo a la hora de incluir el respeto del Convenio Colectivo Sectorial o la delimitación de la responsabilidad de los nuevos adjudicatarios, al tiempo que ha realizado una valoración de los aspectos positivos y negativos que incorpora la ley, incidiendo en la importancia de la inclusión de una fórmula equilibrada para la valoración de las ofertas. El Director de Administración de Metro Bilbao, José Echeandia, tras exponer la apuesta de su organización por una contratación pública socialmente responsable, entendiendo el servicio de seguridad privada como parte esencial de la misión y visión de Metro Bilbao, ha puesto el foco en la importancia de garantizar un servicio de la mayor calidad posible y los mecanismos prácticos incorporados a tal fin en los procesos de licitación, en particular, la fijación de un umbral mínimo en los pliegos de condiciones. Finalmente, Carlos Urgoiti, Director de Presupuestos y Servicios Generales del Ayuntamiento de Bilbao, ha ahondado en la importancia de una contratación pública socialmente responsable y ha detallado las cláusulas incorporadas a tal fin en la fase de ejecución de los contratos, buscándose una óptima relación calidad-precio que, al tiempo, introduzca los elementos innovadores que garanticen la máxima calidad en la prestación del servicio, bajo la concepción de la empresa de seguridad como un colaborador del usuario de los servicios.

Los responsables de las autoridades públicas han sido presentados por Arantza Padrones, de FTSP-USO, Txema Herrero, de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras y Diego Giráldez, de FeSMC-UGT, quienes han resaltado igualmente en sus respectivas intervenciones la labor realizada por sus organizaciones sindicales, integrantes del Observatorio Sectorial, en la defensa de una contratación pública socialmente responsable y las posibilidades que la nueva Ley de Contratos del Sector Público abre para su actuación como representantes de los trabajadores.

La clausura, ha corrido a cargo del Jefe de la Unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza, Francisco Llaneza, y del Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Jon Azkue Manterola. El representante de la Ertzaintza ha puesto el acento en la necesidad del estricto cumplimiento de la normativa por las empresas adjudicadoras, y el papel desempeñado por su Unidad en la erradicación contra el fraude e intrusismo, no solo en el ámbito administrativo sino en la cooperación con otras autoridades de control al amparo de lo previsto en la nueva ley de seguridad privada. Por su parte, el representante del Gobierno Vasco, tras resaltar el papel desempeñado por la seguridad privada en Euskadi, ha destacado la necesidad de acentuar la responsabilidad a la hora de contratar los servicios, por cuanto es un factor decisivo para el desarrollo económico de la sociedad, mensaje apuntado igualmente por Forética en su estudio. Ha expresado, finalmente, el firme compromiso del Gobierno Vasco de sumarse al cambio de modelo que posibilita la nueva Ley de Contratos del Sector Público, en la línea de las buenas prácticas expuestas y debatidas en esta jornada.

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