Actualidad

Galicia seguridad privada

Las administraciones central, provincial y local y las empresas de seguridad debatieron sobre la contratación pública en Galicia

En la sesión de apertura se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los incendios forestales, y se puso en evidencia el apoyo y la solidaridad de las empresas privadas de seguridad con los profesionales y administraciones que combaten el fuego en nuestros montes.
Ángel Córdoba, presidente de Aproser, afirmó que, con la actual legislación, se está posibilitando una competencia desleal, que incide directamente en la precariedad laboral y en la proliferación de prácticas que nada tienen que ver con conductas empresariales socialmente responsables”.
José Santos, de Aproser-Galicia, abogó por un nuevo modelo de contratación pública que sea “responsable en beneficio de todos”, y que “avance en la necesaria innovación en la prestación de servicios de seguridad privada.
En la jornada se presentó el informe La responsabilidad social corporativa en la compra pública de servicios de seguridad, elaborado por Forética, que analiza cómo la RSC representa una importante herramienta para asegurar un servicio de calidad.

Santiago de Compostela, 17 de octubre de 2017
“Integrar criterios socialmente responsables en los procesos de contratación es un reto esencial para quienes compartimos la necesidad de llevar a cabo una actividad empresarial eficiente y al mismo tiempo responsable con nuestro entorno, con un modelo basado en el respeto básico de los derechos de los trabajadores y en una competencia leal entre las empresas”, afirmó Ángel Córdoba, presidente de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Seguridad (Aproser) en el transcurso de la jornada La excelencia en la contratación pública en Galicia, que se celebró esta mañana en Santiago, organizada por Aproser con la colaboración de Forética.

Córdoba aprovechó la ocasión para, desde el punto de vista de la patronal, señalar las “sombras” que se proyectan sobre el sector de la seguridad privada: “las medidas que se adoptaron para frenar la crisis, con la prevalencia absoluta de lo cuantitativo sobre lo cualitativo” y “una reforma laboral indiscriminada que no tuvo en cuenta las peculiaridades del sector servicios”.

Por este motivo –añadió el presidente de Aproser- es por el que, desde el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada (en el que se integran sindicatos y empresas) “estimamos que, con la actual legislación, se está posibilitando, posiblemente de una forma no consciente, una competencia desleal, que incide directamente en la precariedad laboral y en la proliferación de prácticas que nada tienen que ver con conductas empresariales socialmente responsables”.

Antes de estas palabras, el presidente mostró su pesar por la muerte de las tres personas que perdieron su vida el pasado domingo, por causa de los incendios forestales, y transmitió a sus familias la solidaridad con su dolor de las empresas privadas de seguridad de España. También envió un mensaje de apoyo a los trabajadores y a las distintas administraciones y entidades que combaten el fuego en nuestros montes.

El programa comenzó con la presentación de un informe elaborado por Forética, con la colaboración de Aproser, titulado “La responsabilidad social corporativa (RSC) en la compra pública de servicios de seguridad”. El documento analiza cómo la RSC representa una herramienta importante para asegurar un servicio de calidad en este tipo de compañías, al poner en valor los impactos positivos de estas empresas en el ámbito económico, la gestión de riesgos asociados con la dimensión social y la prevención en lo relativo a potenciales impactos ambientales negativos (por ejemplo, en la prevención de accidentes con repercusión ambiental).

En un sector como el de la seguridad privada -con unas repercusiones sociales muy importantes- el informe destaca que aquellas empresas que optan por modelos más sólidos de selección, retribución y formación garantizan una fuerza de trabajo en mejor disposición de desarrollar eficientemente su tarea y con una mayor calidad del servicio prestado. Además, estas empresas son capaces de generar un mayor dividendo social, contribuyendo a través de las cotizaciones sociales a la sostenibilidad del estado de bienestar y devolviendo, por esta vía indirecta, una parte del importe recibido a través de los contratos públicos.

Para el director de Desarrollo Corporativo de Forética y director del estudio, Jaime Silos, “la RSC del sector de la seguridad privada es un elemento que contribuye a la responsabilidad social de otros agentes en su cadena de valor, como la administración pública o empresas privadas que contratan este tipo de servicios. La transparencia del rendimiento y evolución en estos aspectos es una oportunidad clave de diferenciación para estas compañías”.

El informe identifica las siguientes recomendaciones para la sostenibilidad en el sector: la integración en los procesos de contratación pública de criterios sociales y ambientales, la sensibilización y formación en RSC para grupos de interés clave del sector de la seguridad privada, la creación de una plataforma de liderazgo y diálogo de la gestión responsable en el sector, la mejora del diálogo entre los grupos de interés de la seguridad privada, y el aumento de la transparencia y comunicación de buenas prácticas de RSC del sector.

A la presentación del informe siguió una mesa redonda, moderada por la Secretaría del Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, titulada Buenas prácticas en contratación pública en Galicia, en la que intervinieron como ponentes Manuel Jove, jefe del Servicio de
Contratación de la Diputación de Lugo; Santiago López Guerra, secretario general de la Zona Franca de Vigo; y Rodrigo Cerviño, vicegerente económico de la Universidad de Vigo.

Manuel Jove expuso la filosofía de la Diputación de Lugo en materia de contratación pública, en la que han aplicado mejoras sociales al contratar servicios como la seguridad o la limpieza, y entre las que se encuentran “aumentos de salario, facilidades de conciliación o formación en prevención de riesgos laborales”.

Rodrigo Cerviño, por su parte, explicó la estrategia utilizada por la Universidad de Vigo para mejorar la seguridad física y tecnológica en sus campos. Con ese objetivo, en el 2015 “elaboramos un pliego técnico en el que se recogen exigencias muy detalladas para la empresa adjudicataria, evitando que el proveedor tenga margen de maniobra en aquellos aspectos que consideramos fundamentales”.

La mesa redonda se cerró con la intervención de Santiago López Guerra, quien se refirió a los problemas que provoca el hecho de que la Directiva 2014 de la Unión Europea todavía no se haya traspuesto en España. Este hecho “genera inseguridad jurídica a las Administraciones Públicas y siembra dudas entre quienes tienen que aplicar las normas”.

La jornada fue clausurada por el responsable de Aproser en Galicia, José Santos, y la directora general de Avaliación e Reforma Administrativa de la Xunta de Galicia, Natalia Prieto. Santos abogó por un nuevo modelo de contratación pública que sea “responsable en beneficio de todos”, y que “avance en la necesaria innovación en la prestación de servicios de seguridad privada”. Y señaló “que la apuesta por la calidad es factible” para añadir que se trata de “una apuesta no solo recomendable, sino imprescindible para servicios que, no lo olvidemos, contribuyen de forma muy relevante a la seguridad de los ciudadanos gallegos”.

Santos afirmó que Aproser “recoge el reto lanzado por Forética en las recomendaciones de su estudio”. En particular, “la necesidad de reforzar la integración de la Responsabilidad Social en los modelos organizativos empresariales y perseverar en el convencimiento de la necesidad de la integración de este concepto en los procesos de compra de nuestros clientes”.

José Santos cerró su intervención señalando los dos retos clave de la seguridad privada en Galicia: el envejecimiento de las plantillas y la incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. “El sector –concluyó- necesita importantes medidas normativas de las Administraciones, que nos ayuden a afrontar estos cambios: una adaptación de la reforma laboral a las peculiaridades de los sectores intensivos en mano de obra y un nuevo reglamento que permita aprovechar las potencialidades abiertas por la ley de seguridad privada”.