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El Prat y la ceremonia de la confusión

Desde APROSER creemos oportuno hacer unas breves manifestaciones, sin menoscabo de unas reflexiones más amplias y profundas -cuando pasen estos momentos de crispación-, al respecto de lo que viene sucediendo en el Aeropuerto de El Prat, lo que constituye la crónica de un suceso ya avisado en su momento.

Madrid, 9 de agosto de 2017. Siendo lamentable y muy grave lo sucedido en ese aeropuerto, no es la consecuencia única y directa del verdadero cáncer del sector. Lo más preocupante, si hubiera que priorizar, y lo que realmente genera precariedad laboral son las consecuencias prácticas del mal uso que confiere la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial establecida en la última reforma laboral, aunque en este caso, de momento, no tenga impacto alguno en nuestros aeropuertos.

Desde la aplicación de la última reforma laboral hasta hoy, casi un 20% de la plantilla del sector está sometida a convenios de empresa, con sus derivadas rebajas salariales, que en algunos casos alcanzan hasta el 30% menos de lo establecido en el salario en el Convenio Colectivo Sectorial.

Es fácil adjudicarse licitaciones cuando el precio ofertado es el factor determinante, combinado con la posibilidad legal, y de ejecución no compleja, de poder bajar el sueldo de los trabajadores, adquiriendo de esa manera una ventaja competitiva suficiente para ir ganando concursos.

Pero este no es el problema de El Prat, porque, curiosamente, no está afectado por ello ningún vigilante de seguridad que presta sus servicios en aeropuertos; indistintamente haya que resolver situaciones particulares y específicas, fundamentalmente de índole organizativo, y/o derivadas de los procesos de subrogaciónentre cada aeropuerto, la empresa que presta el servicio y sus comités de empresa,  el problema no es que la nueva adjudicataria les haya rebajado el salario base, la antigüedad o los complementos establecidos en el Convenio Colectivo, como parecía querer insinuarse en algunas manifestaciones (curiosamente no provenientes de la representación social).

Estamos mezclando dos temas distintos aunque relacionados, muy resumidamente:

1.- Condiciones específicas en los centros de trabajo, fundamentalmente organizativas, en este caso en aeropuertos, y que la solución debe venir por negociación en cada centro y con cada empresa y con sus representantes sociales. Por ejemplo, número de personas por turnos o distribución de horarios en esos turnos, descansos…etc.

2.- Reivindicaciones económicas:

a.- que se pague conforme a lo establecido en convenio colectivo, pero en este punto tanto EULEN como todas las empresas que actualmente prestan servicios de seguridad en aeropuertos así lo hacen, cosa que no sucede en buena parte del resto de contratos con la Administración. Este tipo de reivindicaciones se están mezclando y confundiendo con la situación de El Prat, que es justo donde no se dan los motivos y nada tiene que ver con, por citar solo un ejemplo de los muchos que podrían darse, las protestas por la situación generada en el Ministerio de Defensa.

b.- que se incremente el importe de determinados pluses para el personal que presta servicios en aeropuertos, y para ese debate ya teníamos abierta la mesa de negociación colectiva, que es el único ámbito para este tipo de negociación, porque una vez llegado, en su caso, a un acuerdo, inmediatamente sería de obligada aplicación a todas las empresas que prestan sus servicios en aeropuertos y que aplican el convenio sectorial.

c.- que los clientes asuman que, en su caso, este incremento de costes, deben trasladarlo a sus presupuestos de licitación para que finalmente pueda abonarlo la empresa en las nóminas de los trabajadores.

Volviendo a lo que comentaba antes de estas precisiones necesarias para clarificar, aunque muy esquemáticamente, la situación planteada, lo paradójico es que precisamente las principales empresas de este sector, las que hoy trabajan para AENA, como EULEN, han decidido no hacer uso de los convenios de empresa al considerar, entre otros motivos y cada una por una distinta combinación de los mismos, que esto rozaría, si no es que incluso sobrepasaría, los límites éticos profesionales y por lo que, además, podría incluso considerarse en la mayoría de los casos como competencia desleal al obtener esa ventaja competitiva precarizando condiciones laborales de la plantilla.  Por ello resulta especialmente injusta la demonización que ha sufrido EULEN, que en todo momento ha tenido un comportamiento ejemplar en sus actuaciones y en sus manifestaciones, y las pocas referencias a algunas empresas de seguridad que destacan justo por todo lo contrario.

Si hacemos una pequeña inmersión hacia el fondo del asunto, más allá del problema concreto generado, de todos es conocido que, en sus procesos de elección de proveedor, algún contratante primero selecciona a las mejores compañías (recordemos que en España tenemos algunas de las principales empresas reconocidas internacionalmente), todas ellas sujetas a Convenio Colectivo Sectorial y que por lo tanto pagan a sus profesionales  el salario pactado con la representación social, pero después aplica un sistema de negociación de ofertas a la baja entre las pre-seleccionadas, y una desproporcionada escala de sanciones, que podría llevar los márgenes comerciales de la adjudicataria a su mínima expresión.

Tan mínima, que cualquier incremento de costes imprevistos que  deba  satisfacer la empresa de seguridad a lo largo de la vigencia del contrato con su cliente para mejorar la calidad del servicio o garantizar el mismo, hace que, de correr exclusivamente a su cargo, la cuenta de resultados final sea prácticamente inexistente (en el mejor de los casos).

Porque aunque no se pueden meter a todas las empresas en un mismo saco porque la evidencia es que entre las políticas de remuneración y de relaciones laborales entre unas y otras hay un abismo, en lo que sí coinciden todas es en su interés legítimo en obtener un rendimiento justo y suficiente para sus inversiones, y poder pagar un salario justo acorde a la función desarrollada.

Patronal y Sindicatos, cada uno por su lado y conjuntamente desde el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada (*), llevan años trasladando a la Administración que la permisividad con las malas prácticas, aunque tengan revestimiento legal, solo genera conflictividad, precariedad y desconfianza hacia el sector. La actual Ley de Contratos del Estado y la ausencia de responsabilidad solidaria/subsidiaria  por parte del contratante de servicios agravan todavía más el problema.

Tampoco debemos olvidar que la subrogación empresarial que opera en el sector de la seguridad privada es una garantía para la estabilidad en el empleo, pero qué pasaría con la calidad en el empleo si, como está sucediendo en progresión geométrica en el resto de organismos públicos, las principales empresas siguen siendo excluidas en las adjudicaciones de las licitaciones públicas, en ese caso qué condiciones laborales tendrían los trabajadores en sus nuevas empresas, algunas con convenios propios; qué pasaría si estas empresas  “grandes”, que dan empleo a más del 50% de la plantilla total, entrasen a valorar con rigor el coste de oportunidad de invertir en otros sectores o en otros países y dejaran de invertir en este sector y este país.

No solo AENA, la Administración en su conjunto debe de hacer una reflexión profunda al respecto del futuro de los procesos de contratación y su nefasta relación con “las primacías”, la primacía del precio como factor de mayor ponderación en menoscabo de la calidad, y la primacía del convenio de empresa como factor multiplicador de la precariedad laboral.

(*) El Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, creado en julio de 2013, es un órgano que surge de la necesidad de aunar esfuerzos para abordar los problemas más importantes del sector.

Está formado por representantes de Organizaciones Sindicales de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC – UGT), Comisiones Obreras de Construcción y Servicios (CC.OO.) y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP – USO), y las Asociaciones Empresariales APROSER y UAS, todas ellas firmantes del convenio colectivo sectorial.

Este órgano pretende hacer frente a las principales dificultades del sector, como la excesiva prevalencia de criterios económicos frente a los de calidad en los procesos de contratación, caldo de cultivo para un inadecuado uso de algunos de los mecanismos facilitados por la última reforma laboral, lo que genera precariedad laboral y una cada vez más extendida competencia desleal.