Firmado por Ángel Córdoba Díaz, Presidente de Aproser.
Parece que algunas organizaciones empresariales opinan que no hay que volver a reformar la normativa laboral. La de la Seguridad Privada, por lo menos la más representativa, APROSER, no está totalmente de acuerdo con ese nos mayestático.
Sin entrar en las lógicas discrepancias sostenibles al amparo de intereses diversos, todos ellos legítimos siempre que no quieran imponerse de forma imperativa a quienes también legítimamente discrepan de la opinión mayoritaria, lo que no acabamos de entender es el “no es no” de la Administración, fundamentalmente por los motivos que alega.
Es como si el actual Gobierno residiera en una vivienda alquilada, recién reformada, en la que, con el uso, se ha estropeado un grifo y sus dos únicas alternativas planteadas fueran (i) o bien dejarlo como está, o bien (ii) cambiar de vivienda, sin plantearse lo más lógico, lo que dicta a cualquiera –en su sano juicio- el sentido común, esto es, arreglar solo aquella parte de la vivienda que tiene un manifiesto, visible y experimentado mal funcionamiento.
Y ya nadie duda (tras varios años predicando en este desierto generado por la crisis económica) que la ingeniería en malas prácticas favorecida por la prevalencia del convenio de empresa sobre la negociación colectiva sectorial, aderezada con nuestra peculiar ley de contratos del estado, ha sido un cáncer de gran metástasis en todos los sectores intensivos en mano de obra.
Salvo honrosas y justificadas excepciones, la dinámica ha sido: (a) implanto, de aquella manera, un convenio de empresa, por el que (b) reduzco sustancialmente salario y condiciones laborales a los trabajadores y como (c) la Administración Pública suele adjudicar los contratos basándose casi exclusivamente en el precio ofertado, (d) empiezo a adjudicarme concursos donde la ventaja competitiva son mis bajos nuevos costes, y donde el margen comercial me lo proporciona la precariedad laboral generada, esto es, el trabajador, que, precisamente, supone una media del 85% de los gastos de explotación de las empresas en este tipo de sectores.
Además, este tipo de empresas, amparadas legalmente por la reforma laboral, a menudo no han sido muy respetuosas con sus obligaciones tributarias, en especial con las destinadas a la huchita de la seguridad social; pero la bondad de la inspección al detectar irregularidades, aplicando un “vamos a pactar, pelillos a la mar, ya te financio yo (que los Bancos igual te lo ponen difícil) y ya puedes volver a licitar a tus anchas desde el mismo momento en que me firmes este papelito de nuevos plazos”, refuerza la dinámica poco ejemplarizante reseñada más arriba.
Eso sí, si aplicando esta forma de adjudicar y gestionar contratos públicos pasa una desgracia, la responsabilidad siempre será de otro, normalmente del nuevo contratista que entre al rescate; la solidaria y subsidiaria de la propia Administración contratante es una entelequia que se escapa a su entendimiento.
Y el Gobierno, sostenella y no enmendalla, que dice no se qué de Bruselas, que se van a enfadar, que lo que va bien no lo toques (¿), que el déficit (¿)… Pero lo que no dice que dice Bruselas es, por ejemplo, que critica la inexistencia de un órgano independiente encargado de garantizar la eficacia y el cumplimiento legal en la contratación pública, lo que supone un obstáculo para la correcta aplicación de las normas europeas de contratación, y que ello facilita casos de corrupción, lo que acaba teniendo un impacto negativo, aunque no lo parezca a primera vista, sobre la situación de las finanzas públicas.
Volviendo al símil de la vivienda con el grifo estropeado, seguro que Bruselas, si tuviera información veraz y fuera realmente consciente de la problemática generada, con sus efectos secundarios, añadiría una tercera alternativa a las dos citadas al inicio de estas reflexiones: si el grifo gotea ostensiblemente, molesta el ruido, pierdes dinero por el escape en la factura que pagas, y es solo cambiar una gomita que, además, te la regalan, no hace falta que reformes de nuevo el piso (no derogues totalmente la actual normativa laboral), solo arregla la pieza que produce el mal funcionamiento!
Y si además le facilitas un simple excel con el impacto neto en las arcas del estado que supone contratar más barato pero recaudar menos (irpf y cotizaciones sociales sobre tablas salariales rebajadas en convenios de empresa), todavía se entendería mejor la paradoja.
Cabría otra medida: como la vivienda es alquilada, preguntarle al propietario cuál es su opinión. Y en el sector de la seguridad privada, como en casi todos, los dueños –para este supuesto- son la patronal y los sindicatos, que llevan diciendo a gritos, desde hace años, que arregles el dichoso grifo, salvo que puedas demostrar que te supone un coste real y cifrar el mismo.
Pues bien, ahora el debate central, urgente y prioritario, está en que hay que salir a la 6 p.m., para conciliar. ¿Quién, el vigilante de seguridad al que un convenio de empresa le ha bajado un 30%, de un día para otro, su salario mensual y que posiblemente o tiene horario nocturno o hace turnos con distintos horarios?
No sé por qué me parece que, si alguien se digna a preguntarle, quizás va a preferir llevar un salario estable a casa (con el que conciliar lo mismo, pero más tranquilo), trabajar en una empresa seria, y que la Administración le eche una mano en vez de ponérsela boca arriba continuamente mediante terceros interpuestos.
