Firmado por Ángel Córdoba Díaz, Presidente de Aproser
Si Santo Tomás viviera hoy a buen seguro que cambiaba de opinión. En el término “medio”, en el mundo empresarial por lo menos, está la falta de convicción y ambición, la deficiente previsión y la mediocridad.
La prensa destaca estos días que la CEOE ha intensificado su cruzada contra la última reforma del impuesto de Sociedades. A su juicio, «la continua adopción de medidas de urgencia en materia tributaria es incompatible con la mínima seguridad jurídica necesaria en toda actividad económica, pero especialmente exigible por los inversores nacionales o extranjeros».
El informe subraya igualmente que el uso del real decreto o del decreto ley debe ser la excepción a la hora de elaborar normativa de carácter tributario. En este sentido, señala que «estas medidas deben, por lo general, anunciarse con la debida antelación y tratarse con los afectados, dando el tiempo necesario para recibir aportaciones y dejando que los grupos parlamentarios puedan proponer enmiendas».
Saludamos con satisfacción la contundencia de este nuevo planteamiento por parte de CEOE. Solo esperamos que este nuevo tono no llegue demasiado tarde. La costumbre se acaba convirtiendo en ley, reforzando una forma de ser y de actuar.
El Sector de la Seguridad Privada viene denunciando abiertamente y desde hace años exactamente lo mismo, y que el uso abusivo de los reales decretos ley no iba a conseguir sus objetivos, además de ser una mala práctica si se perdía su carácter de excepcionalidad. Vencer sin convencer, y además con nocturnidad y alevosía, no es dar un buen ejemplo desde la Administración al directivo empresarial, que, además, si le ninguneas y arrinconas, a veces tiende, equívocamente, a tomarse la revancha aprovechando el más mínimo resquicio legal (o no tan legal).
Pero no se ha venido denunciando solo por dogma conceptual: dos decretazos provenientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en menos de 18 meses, nos incrementaron los costes laborales más de un 4%, con márgenes comerciales ya previamente casi inexistentes y una disminución de la facturación de más de un 20% en el último lustro. Y así nos está yendo desde entonces, entre otros motivos análogos, en todas las empresas del sector respetuosas con sus obligaciones legales, tanto laborales como tributarias.
Paradójicamente (ya se lo avisamos a los responsables de los decretazos) las arcas no se incrementaron en la magnitud esperada, ni por asomo. Las empresas disciplinadas vieron derrumbarse sus cuentas de resultados, y las menos respetuosas… más bien todo lo contrario. El efecto neto: más fraude, más competencia desleal y más conflictividad laboral, a pesar de la madurez demostrada por las organizaciones empresariales y sindicales mayoritarias.
No han pasado dos años –con Gobierno electo- desde aquello, y otra vuelta de tuerca con las nuevas medidas adoptadas en el impuesto de sociedades.
El coste de oportunidad de seguir invirtiendo en esta industria y no hacerlo en otras o en otros países, empieza a considerarse como excesivamente alto. Malas noticias para sectores intensivos en mano de obra, que deberíamos mostrar menos virtud tomasiana y propiciar con mayor insistencia la toma de medidas más constructivas y más consensuadas.
