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APROSER valora positivamente la nueva ley de seguridad privada

Aproser valora muy positivamente la iniciativa de una nueva
ley de seguridad privada

‐­‐ La asociación quiere mostrar su apoyo al redoblado esfuerzo en la lucha contra el intrusismo y la inclusión de servicios, bajo el principio de la complementariedad con la Seguridad Pública, apuntado por el ministro en su comparecencia tras el Consejo de Ministros.

Madrid, 12 de abril de 2013.

El Consejo de Ministros ha analizado en el día de hoy el anteproyecto de ley de una nueva ley de seguridad privada. En los últimos años, Aproser había venido reivindicando un marco normativo nuevo que, consolidando los aspectos positivos de la ley 23/1992, permitiese una contribución más positiva de la seguridad privada al conjunto de la sociedad y la regeneración de un empleo de calidad. La seguridad privada integra a más de 100.000 profesionales y cuenta con un importante respaldo de la opinión pública como consecuencia de los importantes retos que ha ido asumiendo en las últimas décadas. Por ello, Aproser no puede sino valorar positivamente la iniciativa legislativa emprendida por el Ejecutivo, al igual que lo hizo la Confederación Europea de Empresas de Seguridad (CoESS) en la IV Cumbre europea de seguridad privada que se celebró en Madrid el 14 y 15 de marzo de 2013.

Aproser ha transmitido a los distintos gobiernos de la nación y a las distintas fuerzas parlamentarias sus criterios sobre aquellos aspectos que pudieran aprovechar las grandes potencialidades del sector, manteniendo el amplio consenso parlamentario sobre los grandes principios que inspiran la actual normativa. Aproser confía y desea que este consenso se mantenga y, si cabe, se acentúe, en el proceso de tramitación de la nueva ley.

Como manifestaba recientemente el presidente de Aproser, Javier Tabernero, en la IV Cumbre europea de seguridad privada que se celebró en Madrid el 14 y 15 de marzo de 2013, la actual ley “ha permitido avanzar significativamente en la profesionalización del sector”, por cuanto “prevé estrictos procesos de autorización de empresas y vigilantes de seguridad, que faculta el control de las actividades por las autoridades competentes y que sitúa a los vigilantes de seguridad españoles como los que requieren una mayor carga formativa antes y durante su desempeño profesional en la prestación de su servicio”.

Siguiendo con sus palabras, sin embargo, la ley “tiene que adaptarse a las nuevas realidades de la sociedad española y del mercado”. Es preciso alcanzar “un marco regulatorio que debe combatir más eficazmente la lucha contra el intrusismo y contra los que no cumplen en todas sus facetas y acepciones”. Aproser confía, por ello, en que el anteproyecto vincule “el proceso de autorización de las empresas al cumplimiento de la normativa no solo administrativa, sino igualmente laboral y tributaria, como han hecho otros países de nuestro entorno”.

Asimismo, Aproser considera que “la nueva normativa en servicio de los ciudadanos y, siempre que el interés público lo aconseje, es una ocasión para formalizar actuaciones complementarias de la seguridad privada” como, asimismo, es “una oportunidad para proteger jurídicamente a nuestros profesionales de un modo más adecuado, para definir mejor los niveles de responsabilidad de prestatarios y usuarios de servicios y para compatibilizar el necesario control de nuestras actividades con la erradicación de las cargas administrativas”, y que “permita que el papel complementario de la seguridad privada se perciba de forma más evidente por los ciudadanos”.

Aproser realizará en los próximos días un análisis detallado de la nueva ley, una vez que le haya sido remitida desde el Ministerio del Interior y trasladará su valoración y comentarios definitivos, desde la perspectiva de continuar con la lucha contra el intrusismo, la dignificación de la profesión y su aportación al bienestar social, la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de permitir el desarrollo de nuevas actividades para las empresas de un sector que ha sufrido una importante caída de su facturación cercana al 25 por ciento en los últimos cinco años, con la incidencia que eso ha tenido en el empleo. Todo ello, dentro de los límites derivados de la necesaria consideración del carácter complementario de la seguridad privada con respecto a la seguridad pública.